Maite Morteruel y Anna Giné
¿Qué es la buena gobernanza en salud? La gobernanza o buen gobierno por la salud es aquel que asume la salud como derecho humano y como una cuestión de justicia social. Así, y considerando el rango factores que condicionan la salud, se trata de un modelo de gobierno que trasciende el papel de las instituciones y trabaja de manera conjunta y coordinada entre diferentes agentes (instituciones, ciudadanía y agentes sociales y económicos) para desarrollar políticas coherentes que incidan sobre la mejora de los determinantes sociales de la salud y se orienten a reducir las desigualdades en salud (1). Por esta razón, otros principios que integra la buena gobernanza por la salud son la participación social, así como la transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas de las actuaciones procedentes de los gobiernos.
El buen gobierno por la salud, sin embargo, no está garantizado ni siquiera en aquellos sistemas políticos que pueden considerarse democráticos, y se enfrenta a desafíos que amenazan el derecho a la salud de las poblaciones (Ver ¿Qué es la privatización sanitaria?). La llegada del neoliberalismo a finales del siglo XX inició un progresivo desmantelamiento del estado de bienestar en Europa que, junto con el proceso de globalización, han situado los intereses económicos en un lugar hegemónico, capturando la agenda política global y reduciendo el poder de los estados para ejercer su función como garantes de salud (2). A estos factores que influyen en la salud y que derivan directa o indirectamente del afán de lucro, se les denomina Determinantes Comerciales de la Salud (3).
¿Y cómo pueden los Determinantes Comerciales afectar a la salud? El sector privado y las corporaciones transnacionales actúan como grupos de presión con capacidad para influir y posicionar sus intereses en la toma de decisiones políticas y económicas. Así, estos actores consiguen promover productos y elecciones que son poco saludables o perjudiciales para la salud a través del marketing (que promueve su aceptabilidad social y les asocia valor); acciones de lobby (que ponen barreras políticas a su regulación); estrategias de responsabilidad social corporativa (que distraen de su fin lucrativo redirigiendo el foco de atención); y amplias cadenas de suministro (que extienden su comercialización). También mediante la financiación y desarrollo de investigación no exenta de sesgos, que les posiciona de manera favorable ante la toma de decisiones, así como ante la sociedad (2, 4).
La influencia de las actividades corporativas se refleja en el entorno físico y social en el que viven y trabajan las personas, incidiendo en la disponibilidad, la conveniencia cultural o los precios de los productos no saludables
La influencia de las actividades corporativas se refleja en el entorno físico y social en el que viven y trabajan las personas, incidiendo en la disponibilidad, la conveniencia cultural o los precios de los productos no saludables (tabaco, alcohol, las bebidas azucaradas, los alimentos procesados, etc.) (5, 6). Dicha influencia determina los estilos de vida y las elecciones de consumo individuales, así como los indicadores de salud de las poblaciones. De hecho, detrás de algunas de las enfermedades crónicas más prevalentes, nos encontramos con estrategias impulsadas por los beneficios de grandes empresas y las prácticas corporativas perjudiciales para la salud (7). Un caso paradigmático es el de la industria del tabaco, cuya acción de marketing y estrategia de lobby para disuadir el avance de la regulación han sido altamente efectivas y han servido de modelo para que otras industrias protejan sus intereses, como la del alcohol (8).
Los gobiernos, en su misión de garantizar el derecho a la salud para todas las personas, se enfrentan a importantes desafíos en relación con el manejo de los intereses económicos. En primer lugar, el modelo biomédico de la salud predominante sitúa en las elecciones individuales el mayor peso de responsabilidad con respecto a la salud de las personas y elude la que tienen los actores económicos, que pasan de ser parte del problema a adoptar un rol de agente “aliado” con la salud, a la vez que alimenta sus nichos de negocio (9).
Un segundo desafío está relacionado con las implicaciones que la influencia que los intereses económicos tienen en términos de equidad en salud: la evidencia científica muestra que los principales impactos negativos de los intereses económicos se producen en los grupos de población socioeconómicamente más desfavorecidos. De hecho, las desigualdades en el tabaquismo y en el consumo excesivo de alcohol, junto con la pobreza, se han descrito como factores que contribuyen a explicar las persistentes desigualdades en la mortalidad entre los países europeos (10). Las actuaciones de los gobiernos también han de aplicarse al sistema sanitario, ya que los modelos de atención hospitalocéntricos, altamente tecnologizados e intervencionistas, no se orientan hacia las causas de las causas de la enfermedad y las desigualdades en salud, favoreciendo el incremento de estas (11).
En tercer lugar, la buena gobernanza por la salud también exige una actuación sustentada en mecanismos de democracia, transparencia y rendición de cuentas y acorde al bien común. En este sentido, los tratados de libre comercio, que facilitan las relaciones y los intercambios económicos entre las grandes multinacionales, se elaboran en condiciones de alta opacidad y escasamente democráticas y sin considerar los potenciales impactos negativos en la salud de la población. Si bien la evidencia acerca de estos efectos es todavía escasa, los estudios realizados apuntan a efectos más negativos que positivos sobre la salud poblacional (12, 13) lo que requeriría, como mínimo, aplicar el principio de precaución y de no maleficencia, así como llevar a cabo evaluaciones de impacto en salud de este tipo de medidas de forma previa a su aprobación.
Los gobiernos e instituciones públicas que velen por los principios de la buena gobernanza por la salud deberían poner en marcha mecanismos efectivos de control de la transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas, evitando episodios de corrupción y, en definitiva, que garanticen el derecho a la salud de la población.
Maite Morteruel y Anna Giné
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